José Enrique Villa Rivera

¿Es posible implementar el nuevo modelo educativo?

José Enrique Villa Rivera

Con una amplia trayectoria profesional, que lo ha llevado a desempeñarse como director general del Instituto Politécnico Nacional, del Instituto Mexicano del Petróleo y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, José Enrique Villa Rivera, actual secretario de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, explica en esta entrevista los principales retos que implica implementar el nuevo modelo educativo.

 

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta para implementar el nuevo modelo educativo en su estado?

Todo proceso de cambio en educación es difícil de implementar cuando se hace con seriedad. El sistema educativo es profundamente resistente. Lo es para bien y lo es para mal.

El modelo educativo 2017 para la educación obligatoria implica una transformación profunda de las prácticas de enseñanza. Como sabemos, nuestro país ha hecho múltiples cambios en planes y programas de estudio a lo largo de los años sin que los resultados de aprendizaje hayan mejorado. Verbigracia, los pobres resultados alcanzados en las pruebas estandarizadas nacionales (Enlace, Planea) e internacionales (PISA).

Eso se debía, en parte muy importante, a las condiciones estructurales del propio sistema que permanecían en una inercia profunda. La reforma educativa de 2013 vino a modificar esas condiciones. Especialmente, que hoy los maestros se deban a sí mismos y solamente a sí mismos el ingreso, la permanencia y el avance en su carrera docente, cambia muchas cosas. Entre otras, la posibilidad de mejorar la manera en que los niños y los adolescentes aprenden.

 

En el discurso todo se oye muy bien, muy sensato. Pero, en concreto, ¿cómo se logrará este cambio?

El cambio no es automático. Requiere afinar muchos elementos del sistema educativo. Uno fundamental son las condiciones de las escuelas: con planteles derruidos es muy difícil que la enseñanza, por buena que sea, tenga éxito. De la etapa posrevolucionaria, donde el estado de Sinaloa contaba con un puñado de escuelas y maestros, a la actual, se cuenta con más de 5,400 escuelas públicas de educación básica y alrededor de 27,900 docentes y se atiende a más de 538,400 niños. En todos estos años de desarrollo de la educación se han realizado esfuerzos del gobierno federal, estatal y municipal, para mantener la infraestructura de las escuelas. El resultado ha sido insuficiente. Del total de escuelas, 60% se encuentra francamente en condiciones lamentables, con deficiencias en servicios básicos, deterioro de instalaciones y ausencia de mobiliario y equipamiento escolar adecuado.

 

Además de las condiciones materiales, ¿qué nos puede decir acerca de las condiciones humanas, es decir, de los maestros?

La formación inicial de los maestros debe transformarse en consonancia con el modelo educativo 2017. La formación continua de los docentes debe renunciar a los viejos formatos de cursos impuestos y sin más sentido que el de mantener un mercado; los supervisores tienen que ser apoyados para transitar a su nueva función, lo mismo que los asesores técnicos. La participación de las familias debe dejar de ser ritual.

Todo esto reclama, por una parte, saber técnico para impulsarlo y, por la otra, recursos que no están a mano.

Los retos para el gobierno y su Secretaría de Educación, en este sentido, están concentrados en conducir esfuerzos para que Sinaloa se transforme, progresiva y sostenidamente, en el estado de la educación incluyente y eficaz.

 

Incluyente y eficaz. ¿Cómo definiría estos conceptos?

Incluyente, que debe alcanzar a todas las personas, con independencia de sus características personales, sociales, étnicas o culturales. Sólo si todos se educan se podrá colocar al estado en una ruta de bienestar equitativamente distribuido. La educación es un derecho humano fundamental, por lo cual nadie puede ser excluido de su disfrute. Esto no significa la escolarización generalizada; a la escuela deben acudir los sectores obligados: niños de 3 a 15 años en la educación básica, y jóvenes de 16 a 18 en la media. Al ser incluyente se basa en un principio de equidad. Dar más y mejor a quien menos tiene.

Eficaz significa que cumple su misión, que da los resultados esperados en términos de aprendizajes relevantes y significativos para todos. La educación como derecho humano sólo se cumple cuando hay aprendizaje. La educación es eficaz si se garantiza el derecho al aprendizaje.

Para alcanzar esa gran meta —una educación incluyente y eficaz para Sinaloa— se requiere atender la mejora consistente de las escuelas, la elevación de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes y el desarrollo profesional sostenido de los docentes.

En realidad, se trata de un solo gran propósito, ya que sus tres puntos no operan por separado. La mejora de las escuelas tiene que ver con cambiar positivamente sus condiciones de infraestructura y equipamiento, pero, sobre todo, tiene que ver con el desarrollo profesional de sus maestros, es decir, con la capacidad del cuerpo docente para actualizarse y formarse de manera continua con el fin de lograr que sus estudiantes aprendan eficazmente. La elevación del nivel de aprendizaje de los estudiantes se da en la medida en que las condiciones escolares y la capacidad de los maestros mejoran.

 

La que tiene por delante es una tarea muy grande, considerando, sobre todo, el tiempo que tiene para hacerla, ya que inició su gestión en enero de este año.

En menos de cinco años de gestión resulta complicado transformar todo lo requerido cuando la educación no ha sido prioritaria y permanece en condiciones de restricciones presupuestales. Por lo tanto, las acciones que deben emprenderse son estratégicas y la narrativa debe estar cuidada y corresponder con los hechos.

 

¿Podría decirnos algunas de las estrategias a seguir?

En primer lugar, se necesita recuperar la confianza de los maestros, entendidos como profesionales de la educación, no como miembros de una organización sindical. Que crean en la Secretaría de Educación. Que ésta vuelva a ser su autoridad moral y profesional. Necesitan saber que la educación le importa al gobernador y que el Secretaría de Educación Pública es competente en la materia y comprende lo que es educar.

Además, disminuir la carga administrativa que afecta a los maestros y a las escuelas. Éste es un viejo problema mal atendido, y es, a la vez, causa real y magnífico pretexto para no comprometerse con el aprendizaje de los estudiantes. Es fuente de corrupción cotidiana y de opacidad en las relaciones entre los sujetos escolares. La Ley General de Educación, en sus modificaciones de 2013 (artículo 10, fracción IX) prevé la conformación del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGE). Al ser una estrategia de vital importancia para este propósito, nos hemos comprometido con su implementación. El SIGE debe ser promovido ante maestros y escuelas dada su utilidad para la descarga administrativa. Es un proyecto que seguramente tomará todo el tiempo de la administración, pero es estratégico para el cambio de prioridades en las escuelas.

Por otro lado, cada maestro, director o supervisor debe saber a quién tiene que rendir cuentas y a quién pedir asesoría y apoyo. Debe clarificarse quién es la autoridad educativa y quién se hace cargo de la carga administrativa. De preferencia, ambas actividades deben tener responsables distintos bien diferenciados. Las escuelas y los maestros viven un periodo que no es difícil calificar de desgobierno. La reforma alteró formas tradicionales de relación institucional, jerarquías, cadenas de mando, etcétera, lo cual afecta la viabilidad de la mejora del proceso pedagógico y alienta conductas displicentes ante el aprendizaje de los alumnos. Igualmente, hay que fortalecer el vínculo con la supervisión escolar. Los supervisores constituyen la autoridad más cercana a las escuelas. Hemos iniciado un vínculo con ellos que deberá ser fortalecido. Nuestro proyecto va orientado a apoyar su formación y aprovechar lo que saben hacer para asegurar la correcta operación de las escuelas. Queremos darles su lugar. Ir alentando su conversión paulatina en personal responsable del aprendizaje, motor del buen funcionamiento de los consejos técnicos escolares y apoyo a la formación continua de los docentes. En ausencia de recursos, utilizarlos en el fortalecimiento de las condiciones de la supervisión, es básico. Renovar sus oficinas, equiparlas, capacitar a su personal en tecnologías, en los aspectos pedagógicos de su función, es muy necesario. Hay que recordar que, de acuerdo con la ley, son titulares del servicio de asistencia técnica a la escuela.

 

¿Qué es el servicio de asistencia técnica a la escuela?

Está previsto en la ley reformada en 2013. Se trata del cuerpo de asesores que debe asistir a los profesores en el desarrollo de su labor cotidiana. Dada la inminente puesta en marcha de un nuevo modelo educativo y, seguramente, de planes, programas y materiales, es imprescindible que estos asesores se comprometan con seriedad a trabajar con los docentes y los directivos en su implementación. Sus tareas deben abarcar el conjunto de aspectos que en el marco de la normalidad mínima escolar deben atenderse.

 

¿Hacia dónde apuntan todas estas estrategias?

Todo este esfuerzo debe cristalizar en proyectos pedagógicos. Éstos son, evidentemente, el núcleo de la educación. Están en los planes y los programas de estudio; no hay necesidad de inventar otros. Al contrario, es fundamental dar a los docentes y a los niños tiempo para dedicarse a desarrollar los contenidos curriculares, sin obligarlos a desarrollar proyectos adicionales que alguien llevó como la gran novedad. Aprender a aprender y aprender a convivir son los grandes fines educativos. La energía escolar y del subsistema de educación deben enfocarse a que todos logren esos aprendizajes para que cada uno de los estudiantes de la educación obligatoria los desarrolle las habilidades cognitivas superiores, las habilidades socioemocionales y los valores universales.

 


 

José Enrique Villa Rivera cursó estudios de ingeniería química industrial en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y la maestría y el doctorado en ciencias petroleras en el Instituto Francés del Petróleo, en Rueil-Malmaison, Francia.

Fue director general del IPN por dos periodos consecutivos, director general del Instituto Mexicano del Petróleo y director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del gobierno federal.

Por su alto desempeño en la conducción de políticas de educación superior, ciencia, tecnología e innovación ha sido reconocido por diferentes instituciones: recibió los doctorados honoris causa del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Lyon, Francia; de la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua; de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y de la Universidad Autónoma de Chiapas. El gobierno de Francia le otorgó la Orden Nacional de la Legión de Honor en Grado de Caballero. Recibió la medalla de oro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, así como el Premio de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior por su aportación a la educación superior de México.

Desde enero de 2017 se desempeña como secretario de Educación Pública de Sinaloa.

 

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