¿Matar al mensajero es la solución?

¿Matar al mensajero es la solución?

 

Cancelar una institución del Estado mexicano sólo porque se detenta el poder es inaceptable y resulta una ofensa para la ciudadanía y, en particular, para las decenas de personas que hacen posible la labor del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Quiero señalar que las personas son respetables y las opiniones se discuten. Las instituciones se cuidan y se dinamizan con el fin de que sean eficaces.

La decisión del Ejecutivo federal me recuerda a los antiguos romanos, quienes decían de manera pragmática: “La política es tener el poder para hacer lo que quieras”. En todo caso, las respuestas a las preguntas de la ética “¿qué quieres hacer, para quiénes es bueno, con qué propósito?”, no son claras o no existen para el INEE.

Cualquier gobierno, del signo partidista que fuere, está obligado a contar con información fidedigna. Para analizar cualquier situación de la vida de la nación se necesita contar con datos confiables y válidos que contribuyan a la comprensión de las cosas y orienten las decisiones.

Participé directamente en la construcción del INEE, institución del Estado mexicano que, con sus aciertos y sus desaciertos, ha sido fiel en su convicción de servir a la patria. Esta misión se definió en términos de vigilar que el derecho de todos a una educación de calidad y equitativa se cumpla, y para ello ha generado y entregado información, técnicamente válida, confiable y útil, a las autoridades educativas, a los científicos de la educación, a maestras y maestros, a madres y padres de familia, así como a grupos sociales y económicos interesados en el desarrollo de México y de su educación.

Desde 2002 el INEE ha difundido información sobre el estado que guarda la educación obligatoria en el nivel nacional y en el de los estados.1

El INEE fue ganando respeto y credibilidad por su trabajo sistemático y ha hecho aportaciones al conocimiento de la educación y del sistema educativo. A mi juicio, una de las más relevantes ha sido revelar con evidencias el rostro de la desigualdad educativa y cómo el propio sistema educativo contribuye a ella. Hoy sabemos que las escuelas en peores condiciones de infraestructura, equipamiento o mantenimiento, entre otros insumos, son aquellas que atienden a poblaciones en situación de mayor desventaja social. Gracias al instituto se ha mostrado con datos lo que significa la desigualdad educativa y a quiénes se limita su desarrollo personal y social.

Entendemos que la calidad de la educación no se refiere solamente a los resultados de aprendizaje que logran los estudiantes, sino a la distribución equitativa de ese bien social que llamamos educación. Calidad sin equidad es inaceptable y equidad sin calidad es reprobable. Insistimos en que la equidad con calidad tiene que lograrse en el acceso a la escuela, en la permanencia en ella el tiempo que se establezca, en los aprendizajes alcanzados, así como también en la culminación oportuna de los estudios.

La evaluación es una función sustantiva de los sistemas educativos desde el nivel macrosistémico hasta el aula de clases. La evaluación es un instrumento que produce conocimiento valorativo y permite incidir en el objeto que se evalúa. Por ello, la evaluación educativa tiene como finalidad el cuidado de la calidad y la equidad de los servicios de educación que se ofrecen a la población.

Desafortunadamente, la evaluación no tiene buena fama. La lectura que aprendimos a hacer de ella en la escuela es maniquea: es para premiar a los buenos o para castigar a los malos. Desde esta perspectiva, a las personas no les gusta ser evaluadas, no les gusta que otros juzguen algunos rasgos de su acción, ni su desempeño en una tarea determinada. ¿Cómo transformar la educación?

Para velar por los derechos humanos, el artículo primero de la Constitución mexicana no deja duda de lo que le corresponde a las instituciones del Estado al establecer: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución […] Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

En particular, el derecho humano a una educación de calidad y equitativa de todas las personas sólo podrá conseguirse en la medida en que tengamos información fidedigna de cómo se distribuye el servicio y con qué alcance está siendo garantizado este derecho fundamental. Para ello se creó el INEE y se le dio el estatus de órgano constitucional autónomo con el fin de apoyar con su trabajo la garantía de este derecho. Para cumplir su mandato, es condición indispensable gozar de autonomía plena e independencia de todo poder e interés.

Las vicisitudes por las que ha atravesado el instituto tienen que ver con su autonomía. Una autonomía que debe ser técnica, política, de gestión, organizativa y presupuestal, de manera que el Poder Ejecutivo no sea juez y parte, y la función de rendición de cuentas se lleve a cabo con disciplina y transparencia.

Al otorgarse al INEE autonomía constitucional en 2013 se dio un paso importantísimo para la educación, su evaluación y su garantía como derecho humano. Una de las críticas que se han hecho al INEE se basa, erróneamente, en algo que no demuestran: que el instituto renunció a su autonomía al no oponerse a decisiones de la autoridad educativa. Otros se centran en la relación entre el INEE y la SEP como el punto neurálgico de la discusión sobre la autonomía. Ciertamente, en muchas ocasiones el trabajo del instituto ha resultado incómodo a las autoridades educativas, situación que genera enojos y tensiones en la interacción. Ambas partes han de construir una relación en la que se asuma que el respeto mutuo no es subordinación ni dominación.

No quiero dejar la idea de que lo realizado por instituto está libre de polvo y paja. Al contrario, la autocrítica es necesaria. Entre las cuestiones prioritarias para ser atendidas, al menos estas cuestiones tendrían que ser analizadas y valoradas: cuidar la calidad de la interlocución con las autoridades educativas federales y de los estados con el fin de que permita construir, a través de conversaciones francas, honestas e informadas, una mejor relación; mejorar la oportunidad en la entrega de información sobre distintos aspectos del sistema educativo; alcanzar un mayor desarrollo en el uso de los resultados de las evaluaciones; innovar la estructura organizativa de la institución para darle una mayor funcionalidad y fluidez a los procesos; mantener y acrecentar su capacidad técnica, así como actualizar de manera periódica las metas, considerando que las necesidades de la educación evolucionan, las instituciones cambian y, sobre todo, las expectativas sociales y políticas también lo hacen.

En este contexto, es imperativo e ineludible distinguir que la resolución de los conflictos magisteriales merece cuidadosa atención. Matar al mensajero no es la solución.

 


 

* Profesora e investigadora del Departamento de Educación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Se desempeñó en el INEE como consejera técnica, directora general de 2009 a 2012 y consejera de la Junta de Gobierno de 2013 a 2018.

[1] La educación obligatoria comprende: educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

 

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