Tomografía de la iniciativa de reforma educativa de AMLO

Tomografía de la iniciativa de reforma educativa de AMLO

 

La reforma educativa de AMLO, como todas las reformas anteriores, tiene puntos positivos y negativos. A pesar de las notas correctas pareciera que existe un dictado de rechazar todo lo que suena o haga eco a la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. En ese afán se pierden en un océano de críticas a la política educativa de Peña muchas propuestas correctas.

Un análisis detallado de la iniciativa de reforma constitucional de AMLO revela que la visión educativa del nuevo gobierno no dista mucho de las visiones de los cinco gobiernos anteriores: Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña. Al terminar, los mexicanos escucharemos variaciones sobre el mismo tema.

La lectura detallada de la iniciativa revela lo siguiente:

1. La exposición de motivos de la iniciativa tiene una cantidad importante de frases que reflejan encono contra la reforma educativa de Peña. Estas frases, junto con otras de orden retórico-ideológico, obnubilan los párrafos y los conceptos esenciales de la nueva reforma educativa, algunos de ellos valiosos.

2. La obligatoriedad de la educación superior. No sólo es imposible de alcanzar, sino que establece una vez más una norma imperfecta en la Constitución y una expectativa que no se podrá cumplimentar (primer párrafo y fracción IV, segundo párrafo, del artículo 3).

3. La omisión o desaparición de la fracción VII del artículo 3º constitucional referente a la autonomía universitaria, punto que fue reconocido por el propio secretario Moctezuma, es un error que, junto con otros que mencionaré más adelante, muestra poco cuidado técnico para un documento tan importante.

4. La decisión de convertir al INEE en un organismo sin autonomía es un retroceso. Quizá la reforma de Peña creó una “secretaría paralela” con poderes ilimitados en evaluación educativa y otros en política educativa. Sin embargo, sustituir al INEE por un organismo desconcentrado y sectorizado a la SEP no es la mejor solución. La reforma de Peña pasó de una centralización gubernamental federal a una centralización estatal federal. La iniciativa de AMLO parece hacer lo contrario: pasar de una centralización a nivel de Estado a una recentralización a nivel de gobierno federal (fracción VII de la iniciativa).

5. De una manera atípica, la reforma constitucional, si finalmente es aprobada, dará origen a una posible inconstitucionalidad, pues la ley del INEE se deroga sin nada que la sustituya, más que la mención de un nuevo centro que se constituirá en el futuro. La abrogación del INEE y su ley crean un vacío, es decir, unas oficinas con personal pero sin personalidad jurídica. Para cubrir el vacío la reforma constitucional establece que el Ejecutivo federal administrará temporalmente los recursos del INEE; inclusive los humanos. La reforma le da al Ejecutivo la administración de facto de un órgano autónomo de Estado. Éste es un dilema jurídico constitucional (artículo cuarto transitorio).

6. La iniciativa adolece de algunas imprecisiones, ambigüedades o expectativas irreales; por ejemplo:

-       La sustitución de la palabra calidad por la de excelencia. ¿Qué significa excelencia? (primer párrafo del artículo 3).

-       La obligatoriedad de la educación superior, que será imposible de lograr. Si no se ha alcanzado en educación preescolar ni media superior, menos se logrará en educación superior (segundo párrafo del artículo 3). Ni los países más avanzados del mundo en materia educativa tienen cobertura completa en educación superior.

-       El párrafo siguiente que tiene connotación curricular da la impresión de que se dará prioridad a casi todas las materias por encima de matemáticas y español, que son las materias que no se mencionan en el mismo párrafo: “La educación que se imparta en el país, deberá incluir en sus planes [sic] de estudio la promoción de valores, el conocimiento de la historia, la geografía, la cultura y las lenguas originarias de nuestro país, así como la activación física, el deporte, las artes, en esencial la música, las diversas manifestaciones culturales, y el respeto al medio ambiente” (párrafo séptimo del artículo 3). Con este párrafo existen dos problemas: uno de técnica legislativa y otro de pedagogía. Primero, resulta que ahora los políticos instituidos como Poder Constituyente Permanente son tan pedagogos que determinan, por encima del maestro y de las autoridades educativas, qué se debe enseñar a los niños. Esto es contradictorio con lo mencionado sobre la revalorización del maestro y el reconocimiento a su contribución a la educación (párrafo cuarto del artículo 3). El otro problema es omitir mencionar a las matemáticas y al español o a la lectura. Cierto, en los planes y programas de la SEP, incluidos los actuales, se ha dado énfasis a las matemáticas y a la lectura, inclusive llamándolas las metamaterias, término al que me opongo. La realidad es que todas las materias son importantes por diversas razones. El hecho de que el currículo actual (el de Peña, pero también los de Calderón y de Fox) ha dado énfasis a estas dos materias o campos curriculares no significa que ahora la prioridad la deban recibir las otras materias. Además, es una prioridad a nivel constitucional. No creo que exista ningún país en el mundo, por lo menos no en las potencias educativas y seguramente tampoco en los regímenes democráticos, que establezca una prelación o prioridad curricular en su Carta Magna. Más aún, en la iniciativa se hace una mención especial a la música, “en esencial [sic] la música”. ¿Por qué? Quizá sea por el énfasis que Fundación Azteca otorgaba a las orquestas escolares durante la dirección de Esteban Moctezuma en esa fundación. Hay que recordar que el primer impacto internacional de programas de orquesta juveniles proviene de Venezuela, un buen programa por cierto, pero no para entronizarlo sobre otras artes en el texto constitucional. ¿La música es más importante que la pintura, la escultura, la danza, el teatro, la cinematografía y la literatura? Será interesante saber qué piensan los expertos de las artes, de la enseñanza de las artes y de la pedagogía.

-       El párrafo tercero de la fracción II del artículo 3 dice hacia el final que “se respaldará a los estudiantes en condiciones de desventaja socioeconómica, mediante el establecimiento de políticas incluyentes y de carácter transversal”. ¿Qué quiere decir carácter transversal?

7. La eliminación del criterio de “calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos”, no es necesario, y aunque la palabra calidad se elimina del texto del artículo a reformar es sustituida por otras palabras o expresiones como excelencia, progreso [educativo] y mejora (eliminación del inciso d) de la fracción II del artículo 3 vigente).

8. Se agrega el inciso e), que en realidad debería ser el inciso d) —porque el d) actual sería derogado—, donde se resalta en tres párrafos el criterio de equidad.

9. Se deroga la fracción III del artículo 3, pero todo lo relativo a los planes y programas de estudio de la versión vigente se traslada, con algunos cambios, al segundo párrafo de una nueva fracción V. Se elimina la segunda parte de dicha fracción III que se refiere a la evaluación: “el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional” del magisterio. Este es un cambio importante, quizá el más importante de la visión educativa de AMLO contra la de Peña. En mi opinión, la evaluación es importante; nadie en el mundo se opone a la evaluación ni de los estudiantes ni de los maestros. El problema con las visiones tanto de Peña como de AMLO es que son extremas entre sí y cargadas de ideología más que de ciencia y pedagogía. La evaluación de Peña, que era más conductivista y sumativa que pedagógica, dio origen a un gran debate nacional, que poco a poco se transformó en aquelarre y finalmente en una fuerte negociación política para apaciguar a las posturas opuestas.1 La visión de AMLO se va al otro extremo: no evaluación, por lo menos no evaluación sumativa de ningún tipo. Quizá la evaluación de AMLO, si finalmente se convierte en evaluación formativa, tenga mejor impacto pedagógico. Sin embargo, lo que se podría perder en el camino sería el esquema de transparencia que, como externalidad positiva, impuso el sistema de evaluación de la Constitución actual. La transparencia significa sacar a los intereses políticos o a las prebendas por servicios al sindicato o a las autoridades educativas. Un efecto negativo adicional es el vaivén en el que traen una vez más a los maestros. Primero 50 años de un sistema corporativista, con asignación, concesiones y promociones opacas. Luego una imposición quizá demasiado rápida y demasiado fuerte de un esquema de transparencia. Muchos maestros se opusieron; otros muchos lo aceptaron. Ahora parece que se cambiará de sistema. La nueva legislación pondrá de nuevo a bailar a los maestros al son que tocan las ideologías y los intereses de la política. Éste es el problema que existe cuando los políticos se creen más pedagogos que los maestros y más científicos que los expertos. ¿Cuál es la ventaja de colocar a los expertos por encima de los políticos en decisiones que requieren ciencia como las educativas? Que la ciencia no tiene afiliación política ni ideológica. La ciencia tiende a permanecer más neutral y más cercana a la verdad que la política. La ciencia no pone a bailar a los maestros a un son opuesto cada seis años.

10. El tema de la gratuidad en la iniciativa es repetitivo en el primer párrafo del artículo 3º que se reforma y en la fracción IV del mismo artículo que se deja intacto. Es un error de redacción legislativa; no es grave, pero es un error que se suma a los otros.

11. La garantía de la calidad de la educación por parte del Estado se sustituye por la garantía de la equidad —fracción II, inciso e), párrafo tercero del artículo 3—. Se deroga el inciso d) de la fracción II del texto constitucional vigente (al 22 de diciembre de 2018) en el que se establece la calidad de la educación “con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos”.

12. Se modifica por completo la fracción V del artículo 3 y ahora se redacta en dos párrafos. El primero se refiere a la ciencia, la tecnología y la cultura. El segundo casi repite textualmente la primera parte de la fracción III del texto actual. Los cambios son sutiles, pero en técnica legislativa habría que ver la intención del Constituyente Permanente si al final se sustituye la palabra considerará por estimará que parece agregar menos precisión a esa intención. Al mismo tiempo parece existir una intención recentralizadora cuando la Constitución le otorga a la Federación la facultad indiscutible de establecer los contenidos y las políticas de carácter regional. Si esto significa que el Ejecutivo federal sólo dará márgenes, es decir, porcentajes para que los estados determinen sus propios contenidos, el cambio es mínimo respecto de la situación actual. Si es algo más, podría significar una mayor centralización.

En suma, se trata de una visión recentralizadora de la política educativa. Se fortalece a la SEP; los estados se mantienen al margen de la política educativa, se elevan a rango constitucional temas propios de la pedagogía a nivel escolar y no se ve con claridad la aplicación de esquemas transparentes de asignación y promoción de plazas. En materia del aprendizaje, la iniciativa actual, como las reformas educativas de los cinco gobiernos anteriores, simplemente no le da al clavo: la crianza.

 


 

* Doctor en ciencia política por el Boston College, con maestrías en economía y administración pública de las universidades de Boston y Harvard, respectivamente. Este artículo es una versión resumida y actualizada del artículo publicado originalmente el 22 de enero de 2019 en Educación Futura. Véase http://www.educacionfutura.org/tomografia-de-la-iniciativa-de-reforma-educativa-de-amlo/.

1 Más sobre este tema en Eduardo Andere, Democracia, transparencia y educación: demagogia, corrupción e ignorancia, Siglo XXI, México, 2018.

 

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