La participación de los particulares en la educación superior

La participación de los particulares en la educación superior

 

México es el país con más instituciones de educación superior en América Latina: 3,145, de las cuales casi el 70 por ciento son particulares. Aunque la existencia de escuelas privadas contribuye a diversificar y enriquecer la oferta de servicios, es indispensable poner atención en la calidad y la pertinencia de los servicios educativos ofertados, afirma el autor, al reflexionar sobre la participación de los particulares en la educación superior.

 

 

Aunque resulte común, la discusión entre público y privado resulta cada vez menos relevante; lo importante es distinguir a las instituciones por su calidad. En este contexto, considerando las propuestas de la próxima administración federal, invito a reflexionar sobre el papel que deberán jugar los particulares en torno de dichas promesas. Se han planteado metas muy ambiciosas. Por un lado, extender la obligatoriedad y la gratuidad a todos los tipos educativos, lo cual presupone que todos los egresados de la media superior accederán a la superior sin presentar un examen de ingreso, posiblemente comprometiendo la calidad del servicio. Asimismo, se ha hablado de implementar un proyecto de becas con la intención de retener a los jóvenes o incentivar a que retomen sus estudios. También se ha señalado la creación de 100 nuevas universidades públicas en todo el país, cuya meta es atender a 130,000 jóvenes con un modelo de movilidad. Finalmente, se ha mencionado otorgar “autonomía” a las instituciones particulares de educación superior, tema que desarrollaré en este artículo.

Todas estas iniciativas poseen elementos interesantes, pero exigen un análisis detallado para su viabilidad. En cualquier caso, es importante saber que en nuestro país ya existen numerosas instituciones de educación superior, en sus diversas modalidades, con las cuales podría atenderse la demanda. México es el país con más instituciones de educación superior en Latinoamérica y uno de los países con más instituciones de ese nivel en todo el mundo. Empero, estas instituciones en su mayoría no son de la escala ni de la calidad necesarias.

Es importante recordar que el debate educativo actual trasciende aspectos de cobertura, analizando ahora con mayor detalle la calidad y la pertinencia de los servicios. Entonces, ¿debe el nuevo gobierno concentrarse en crear más oferta educativa, tanto pública como privada? ¿Debe abordarse el tema de la calidad y su aseguramiento como se ha venido haciendo desde la década de 1990 o debe ser prioritario en el diseño de la nueva política pública educativa?

Estas interrogantes son válidas para México y otras latitudes. Globalmente, la educación superior enfrenta serios cuestionamientos en torno de su efectividad y su pertinencia. Existen estudios que muestran que en algunas economías el segmento con mayor desempleo es el que tiene mayores estudios. Lo anterior, debido al tipo de empleos que la economía está generando y a la desvinculación entre la formación y lo que demanda el sector productivo. La pertinencia es, por lo tanto, un elemento que debe garantizarse.

Otro elemento que se debe abordar en la discusión es cómo enfrentar el rápido surgimiento de nuevos trabajos que demandan conocimientos de vanguardia y el aprendizaje a lo largo de la vida (lifelong learning), así como el surgimiento de nuevas tecnologías y la generación en tiempo real de conocimientos. Éstos son aspectos que han sacudido a la educación superior tradicional y que muy pocas instituciones en el mundo están logrando encarar con éxito.

 

La acelerada expansión de los particulares en América Latina

Un estudio del Banco Mundial de 2017 encontró que el número de estudiantes matriculados en ese tipo educativo pasó de 21 por ciento en el año 2000 a 40 por ciento en 2010. Cerca de una cuarta parte de las instituciones de educación superior que existen en la actualidad abrió sus puertas en ese mismo período, la mayoría del sector privado, lo cual elevó su participación en la oferta: de 43 por ciento en el año 2000 a 50 por ciento en 2013.

Entre las causas de lo anterior destacan: a) el incremento del número de graduados de la educación media, así como de “nuevos” estudiantes provenientes de familias con ingresos menores que antes no tenían acceso a la educación terciaria; b) la generación y la diversificación de opciones educativas, tanto en instituciones como en programas, y c) la mayor disponibilidad de becas y préstamos educativos.

Las universidades públicas enfrentan retos continuos, incluyendo la falta de recursos financieros, de docencia e investigación, y la pérdida de personal. La incapacidad de las instituciones educativas públicas, por razones presupuestales o de selección, para absorber el creciente número de estudiantes, ha incidido en el surgimiento de un gran número de instituciones particulares de educación superior. A esto se suma la insatisfacción con la calidad de la educación pública, la existencia de planes de estudios más modernos y pertinentes en las instituciones privadas y la excesiva politización de la educación pública.

Actualmente, los particulares en América Latina representan más de 40 por ciento de la matrícula de educación superior; Brasil y Chile presentan los mayores porcentajes de matrícula en instituciones privadas, superiores a 80 por ciento. Uruguay y Argentina registran una matrícula cercana a 20 por ciento.

En México, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el ciclo escolar 2018-2019 casi la tercera parte de la población escolar de nivel licenciatura (29 por ciento) y la mitad de nivel posgrado (50 por ciento) estaba matriculada en una institución particular. Aunque a nivel regional México está 10 puntos porcentuales por debajo de la media, el papel y el peso específico de esas instituciones son factores sustantivos al analizar los procesos de formación de capital humano y su impacto en el desarrollo del país.

En la Estadística básica 2006-2017 de los Subsistemas de Educación Superior de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se afirma que a principios de la década de 1950 la matrícula de educación superior era de 32,000 estudiantes, distribuidos en 40 instituciones educativas, la mayoría de sostenimiento público. En el ciclo escolar 2016-2017, se contó con 4.43 millones de estudiantes en 3,145 instituciones. El periodo comprendido de 2006 a 2017 experimentó el crecimiento más acelerado, pues el número de instituciones educativas públicas aumentó de 788 a 1,005, y las particulares, de 1,363 a 2,140, sin contar el número de unidades y planteles que operan en sistemas o redes “multicampus”.

Adicionalmente, la matrícula en instituciones públicas pasó de 1.8 millones a 2.93 millones, en tanto que en las privadas pasó de 900,000 alumnos a cerca de 1.5 millones. Aunque la matrícula en instituciones públicas es más alta, su crecimiento no se tradujo en un incremento sustantivo en el número de instituciones (217 más). En el caso de las instituciones privadas, éstas registraron un aumento de 60 por ciento (777 adicionales).

Un factor que explica la importante presencia de los particulares en el país es la legislación actual, cuyos términos han derivado en la proliferación de instituciones de muy dudosa calidad. La atomización de instituciones dificulta a las autoridades educativas efectuar una supervisión pertinente que fomente la mejora continua e impide el surgimiento de economías de escala necesarias para contar con instituciones competitivas a nivel internacional.

 

Cuadro 1. Matrícula y número de instituciones por sostenimiento 2006-2017

cuadro 1

 

Es pertinente señalar que México es el país con más instituciones de educación superior en América Latina: 3,145 (2,140 son particulares y 1,005 son públicas). Esta cifra, así como la información provista en cuadro 2 permiten advertir un aspecto fundamental: la falta de instituciones no es una problemática nacional real. Por lo tanto, la atención deberá concentrarse en un elemento prioritario: la calidad y la pertinencia de los servicios educativos ofertados.

 

Cuadro 2. Estadística comparativa de educación superior (por número de instituciones)

cuadro 2 

La calidad educativa y sus nuevas problemáticas

Es importante ahondar en el concepto de calidad educativa. Al respecto, destaco lo mencionado por Teresa Bracho, actual consejera presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE): el elemento rector de la calidad educativa es el concepto de mejora continua. Esta característica hace de la calidad una cualidad dinámica que obliga al Estado a garantizar una educación progresivamente extensa y profunda, cuyos logros y metas impliquen superarse a sí misma.

Problemas de hacinamiento en universidades públicas, planes de estudio obsoletos y anticuados, deterioro de instalaciones físicas, entre otros, son parte de la realidad latinoamericana en el nivel educativo superior. La provisión de una educación de calidad también se ve obstaculizada por débiles resultados en la educación básica y media superior, que obligan a implementar acciones de nivelación académica.

En la región, las autoridades educativas han tratado de asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la revisión del enfoque académico y la generación de mecanismos para garantizar la calidad, la relevancia y la pertinencia de éstos. Mediante diversos esquemas de control, como la certificación de nuevas instituciones de educación superior y la acreditación de los programas existentes conforme a las normas preestablecidas, se busca que el servicio ofertado cumpla con los requerimientos oficiales y atienda de ese modo las necesidades de la población.

Al respecto, el mecanismo de control más recurrente es una agencia acreditadora nacional. No obstante, países como Colombia han adoptado un enfoque más plural, estableciendo organismos particulares para diferentes regiones, propósitos y tipos de programas de licenciatura o equivalentes. En el caso mexicano, los esfuerzos gubernamentales y no gubernamentales han resultado insuficientes y dislocados, pues carecemos de un sistema integrado o articulado de carácter obligatorio y vinculante.

 

La inequidad preexistente y la gratuidad

La educación superior en América Latina en gran medida es elitista. En México, 60 por ciento de la población menos adinerada representa sólo 18 por ciento de la matrícula en este nivel educativo. Un estudio interno de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) reveló que más de 20% de la matrícula en instituciones particulares de México pertenece a los cinco deciles de ingresos más bajos, que acceden a estos servicios educativos mediante apoyos financieros (becas o créditos) otorgados por las propias instituciones. Por el lado contrario, dos terceras partes de la matrícula de la educación en instituciones públicas provienen de las familias con ingresos ubicados en los deciles seis al 10, que son de los más altos. Así, la gratuidad de estas últimas instituciones beneficia a los sectores medios y altos, con lo cual se amplía la brecha de inequidad.

Por lo tanto, es urgente que los recursos que existen se usen estratégicamente para atender a los segmentos más necesitados. También, para que aquellos sectores de la población que pueden contribuir en el financiamiento de sus estudios lo hagan de forma proporcional a su nivel socioeconómico. Pensar en una gratuidad generalizada no hace más que acentuar las diferencias preexistentes en la sociedad.

En materia de calidad y pertinencia de los servicios educativos, los gobiernos tienen la obligación de garantizar que sus ciudadanos reciban una buena educación sin importar quien la provee. En el caso de las escuelas del sector público, esto significa que los mecanismos deben funcionar para que los profesores, las instalaciones, equipos y los materiales sean de la mejor calidad que puede ser proporcionada con fondos públicos. En el caso del sector privado, deben prevalecer esos mismos principios, sin que los recursos provengan de fondos públicos.

 

Un primer paso: el Programa de Mejora Institucional (PMI)

El PMI tiene como propósito reconocer a instituciones que ofrecen servicios de calidad, dándoles mayor autonomía de gestión a efecto de que contribuyan a diversificar y ampliar la oferta educativa. El programa establece una serie de incentivos administrativos para que las instituciones ejecuten programas de mejora continua. El PMI, reconociendo la diversidad de instituciones que existen dentro del sistema educativo nacional, amplía los instrumentos para garantizar la calidad de los servicios.

Asimismo, en el marco de este programa, ahora las instituciones particulares —siguiendo las mejores prácticas internacionales— podrán valorar la calidad de su oferta educativa mediante agencias de acreditación institucional; por planes y programas de estudio; a través de la evaluación de los egresados, o mediante del seguimiento a sus ex alumnos. Todos estos indicadores servirán a cada institución para ingresar de manera permanente en un ciclo virtuoso de evaluación, ajuste y mejora.

 

Reflexiones finales

Resulta poco pertinente incrementar aún más el número de instituciones educativas públicas o privadas. Esto se traduciría en la expansión de pequeñas instituciones de frágil desarrollo institucional y de calidad cuestionable. La reflexión deberá tender hacia la consolidación y la creación de condiciones que permitan a las instituciones actuales ofrecer servicios que garanticen más y mejores oportunidades para el presente y el futuro de sus alumnos. La consolidación de instituciones no implica la reducción de la oferta ni de su alcance. Por el contrario, la intención es que las instituciones sean más robustas y puedan llegar con solidez, rigor académico y pertinencia regional a todos los rincones del país.

La verdadera materia que deberá priorizarse es la calidad educativa. Lo anterior, mediante un proceso de mejora continua con un enfoque de equidad e inclusión que redunde en una eficiente incorporación de los egresados al sector productivo y a la sociedad. Las universidades deben formar profesionales y también buenos ciudadanos comprometidos con su entorno.

La participación de los particulares es una realidad en toda América Latina que deberá ser estimulada para que coadyuve en el cumplimiento de las grandes metas nacionales. Ello exige revisar la legislación para crear mecanismos que permitan a los particulares consolidados alcanzar la autonomía de gestión ofrecida. La autonomía les facilitará seguir teniendo un papel determinante en el proceso de formación de profesionales, mediante mayor flexibilidad en la actualización e innovación de su oferta educativa y una oportuna reacción a los retos del entorno nacional y global.

Para mejorar la calidad de la educación superior es necesario establecer una política universal y vinculante de evaluación y acreditación con rendición de cuentas, sin importar si son públicas o particulares. Por último, deberá avivarse el debate para renovar el sistema de educación superior, evitando soluciones generales y reconociendo su complejidad.

 


 

* Coordinador de asesores en la Secretaría de Educación Pública.

  

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