¿Quiénes son los dreamers?

¿Quiénes son los dreamers?

Aunque el gobierno del presidente Donald Trump ha dado marcha atrás a la promesa de campaña de deportar a los dreamers (migrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos durante su infancia), el gobierno de México se ha preparado para que los estudiantes que eventualmente regresen a nuestro país puedan concluir sus estudios. La autora analiza las ventajas y desventajas de esta iniciativa.

 

Latinos o hispanos de origen mexicano que viven en Estados Unidos y que están matriculados en educación superior corren el riesgo de ser deportados, truncando sus estudios. El gobierno de México anunció en marzo de 2017 que los recibirá, estableciendo una alianza entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) para el Programa Universitario Emergente Nacional para la Terminación de Estudios Superiores (Puentes), estrategia de carácter extraordinario y temporal para que aquellos estudiantes que sean repatriados puedan concluir sus estudios en instituciones de educación superior mexicanas.

El Centro Nacional de Estadísticas Educativas de los Estados Unidos registra en 2014 un total de 20,207,400 alumnos inscritos en instituciones de educación superior, de los cuales 2,791,900 son considerados hispanos, es decir, casi 14%. La atención educativa a esta población es un tema importante por sus implicaciones sociales y laborales. Ciertamente, la educación superior es percibida como promotora para el acenso económico, cultural y social de esta minoría.

El nombre dreamers se ha quedado en el imaginario porque describe muy bien a los emigrantes que con sus padres ingresaron de niños a Estados Unidos. Por su siglas en inglés, el nombre se deriva de la propuesta de ley conocida como el Dream Act (Development, Relief, and Education for Allien Minors), que surge con el objeto de brindar desarrollo y educación a migrantes menores de edad, permitiendo a los jóvenes de 15 a 30 años de edad, que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos, permanecer en el país y tener derecho a educación y trabajo. Esta iniciativa no ha sido aprobada y ratificada y sigue en estatus pendiente. Sin embargo, durante su mandato, el presidente Barack Obama firmó e implementó, en junio de 2012 por orden ejecutiva, el programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), con el objeto de proteger de la deportación a estos jóvenes. El programa DACA retomó los criterios del Dream Act y se anunció como el edicto de la administración de Obama para dar alivio a los dreamers, cuyo estatus migratorio seguía vulnerable ante un Congreso opuesto al Dream Act.

En 2014 la Oficina del Censo de Estados Unidos estimó que 1.8 millones de dreamers potenciales podían beneficiarse del programa DACA que contempla los siguientes requisitos: ser inmigrante de menos 31 años, ingresado a Estados Unidos antes de los 16 años y haber vivido en territorio estadounidense de manera continua por lo menos durante cinco años. Se destaca, además, no tener antecedentes penales, estar matriculado en alguna institución educativa y que el alumno esté estudiando o se haya graduado de high school u obtenido un general education diploma (GED). Con estos criterios se estima que hay 870,000 eventuales dreamers de origen mexicano que viven y estudian en el sistema educativo estadounidense. Véase la siguiente gráfica.

 

Beneficiarios potenciales del programa DACA por región de origen

DACA

 Fuente: Educators for Fair Consideration.

 

Un problema del programa DACA es que, al inscribirse a éste, los estudiantes pueden ser identificados plenamente y corren el riesgo de ser deportados. Temor que se confirmó con la noticia publicada en febrero de 2017 por el periódico USA Today sobre Juan Manuel Montes, joven inmigrante registrado en DACA, quien fue detenido a medianoche en Calexico, California, y deportado a Mexicali. Las reacciones de los jóvenes “supuestamente protegidos” por DACA crearon como respuesta un revuelo en redes sociales, aunque el 23 de abril del año en curso el presidente Trump anunció que los dreamers pueden descansar, pues no serán targets de deportaciones.

Ante las inciertas políticas del presidente estadounidense, desde el 23 de marzo el gobierno de México, a través del secretario de Educación Pública, Aurelio Núñez Mayer, anunció el Puentes, impulsado por la ANUIES y secundado por otras instituciones agrupadas en la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES). Su objetivo: lograr que los estudiantes que eventualmente regresen a México no trunquen sus estudios por los cambios en la política migratoria estadounidense. En la presentación se afirmó que “el sistema educativo superior cuenta con espacios suficientes para atender a los estudiantes con riesgo potencial de ser repatriados de Estados Unidos”.

El Puentes tiene una página en internet (www.puentes.anuies.mx) donde publicó una convocatoria con vigencia del 23 de marzo hasta el 30 de noviembre del presente año, en la que invita a los jóvenes que por su condición migratoria no puedan continuar sus estudios universitarios en Estados Unidos, a concluirlos en modalidades escolarizada y no escolarizada en universidades públicas y privadas mexicanas. Se advierte que las instituciones de educación superior determinarán la disponibilidad de espacio y los procesos de ingreso.

Pese a la loable iniciativa, los debates y las controversias no se hicieron esperar en torno de situaciones problemáticas para que los migrantes de origen mexicano puedan incorporarse al subsistema educativo nacional de educación superior. En las pronunciaciones de rectores y directivos destacan problemas de cobertura y de revalidación de estudios y los retos culturales que enfrentarían, específicamente el dominio del idioma español.

1) Respecto de la cobertura, Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Enrique Fernández Fassnacht, director General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), consideraron que los dreamers podrían ser atendidos principalmente en los sistemas a distancia. Otros rectores como los de la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Oaxaca opinaron que sus universidades carecen de lugares y recursos para atender a estos dreamers.

2) En cuanto a la revalidación de estudios, el Senado aprobó con 107 votos a favor y uno en contra la iniciativa preferente del presidente Enrique Peña Nieto que reformó la Ley General de Educación para revalidar los estudios del exterior. El único voto en contra fue el del senador Manuel Bartlett (Partido del Trabajo), quien argumentó su rechazo a que la SEP renuncie a la facultad de revalidar los estudios y dejarlo al criterio de las instituciones particulares, dándoles la libertad de emitir títulos. Lo cierto es que las instituciones de educación superior se enfrentan a la dificultad de corroborar la validez de los estudios cursados, además de que es posible que los deportados no dispongan inmediatamente de los documentos que los acrediten, y aun con la ayuda de los consulados es factible que no sean trámites inmediatos.

3) Otro obstáculo a debate es el conocimiento que los dreamers pudieran tener del idioma español, a lo que en la página del Puentes indica: “Es muy probable que en cualquier institución de las que te ofrecen la posibilidad de ingreso exista un centro de lenguas, por lo que deberás hacer contacto con el enlace correspondiente y preguntar directamente acerca de esta necesidad”.

Cobertura, cupo, revalidación e integración cultural de los estudiantes son aspectos que se discuten como problemáticas y que dejan a las instituciones mexicanas de educación superior con más preguntas que respuestas. Preocupa, sin embargo, en el discurso, la poca centralidad del protagonista de este asunto: el joven deportado. ¿Qué gastos y costos supondría para ellos vivir en México?

Sean cientos o miles los dreamers que pudieran ser atendidos en las instituciones de educación superior mexicanas, hay otras consideraciones que deben hacerse en torno de este tema. No se trata únicamente de ser solidarios con nuestros jóvenes, sino del reconocimiento de sus capacidades y de otorgarles un trato educativo digno que propicie sus aprendizajes y su desarrollo. Es prioritario sensibilizar a la comunidad universitaria acerca de las necesidades de estos estudiantes, de las experiencias de discriminación que han vivido tanto por parte de alumnos como de profesores en Estados Unidos. Sin duda, quienes llegaron hasta una educación superior han sabido superar muchos obstáculos. No queremos que encuentren el mismo ambiente de discriminación y rechazo en México, con burlas a su escaso dominio de la lengua y por desconocimiento de pautas culturales mexicanas. Se requiere un conocimiento de la cultura méxico-estadounidense, que es diferente de la nuestra.

Como instituciones de educación superior mexicanas debemos aprovechar la riqueza cultural de estos estudiantes. La mayoría no sólo habla inglés extraordinariamente, sino que es parte de una comunidad que a pesar de haber sido marginalizada ha aprendido a expresarse y a ganar espacios a través de organizaciones civiles. Con su activismo han logrado que muchas de sus necesidades sean atendidas y se han integrado como un grupo cultural diverso que aportando valor a su comunidad. Al conocer aspectos de la cultura mexicana y de la estadounidense pueden ser embajadores para el buen entendimiento entre los dos países.

 

* Directora de la Escuela de Pedagogía de la Universidad Panamericana, Campus México. 

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