La universidad pública al banquillo

La universidad pública al banquillo

Mientras la Organización de las Naciones Unidas anuncia que 1,200 millones de niños de todo el mundo se han quedado sin ir a clases por la pandemia que nos azota, la QS World University Rankings anunció que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue considerada una de las 100 mejores universidades del mundo y una de las dos más destacadas de América Latina. 

La noticia tiene eufóricos no sólo a las autoridades y a los egresados de la UNAM sino a muchos mexicanos: “Estamos entre los grandes”, dicen y repiten. Pero, más allá de descifrar la metodología de la encuesta y entender cómo se asignó el puntaje, la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué significa “mejor”? Mejor ¿para qué?

La pandemia nos ha obligado a cuestionar un sinnúmero de cosas en torno de nuestras vidas y nuestros trabajos. Repensar la universidad pública no debiera ser una excepción. Afirmar que ésta es el gran nivelador social, el gran detonante de la movilidad social, se ha vuelto un lugar común. Sin embargo, son muchos los que cuestionan dicha función. Para Pierre Bordieu, por ejemplo, la universidad (la educación en general) es un aparato cuya función se limita a convertir en capital económico el capital social: un diploma de Harvard o de Princeton revela más sobre las finanzas familiares que sobre el talento de un estudiante.

Después de todo, ¿quiénes llegan a la universidad? ¿Quiénes se gradúan? De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en México sólo 17 de cada 100 adultos tienen estudios universitarios, ya sea en instituciones públicas o privadas, mientras que en Corea los tienen 70 de cada 100; en Canadá y en Japón, 60, y en Reino Unido y Luxemburgo, 50. Esto coloca a México entre los últimos lugares de los países miembros de la OCDE, cuyo promedio es 37 por ciento.

Es cierto que Brasil (15%), India (11%) y Sudáfrica (12%) están aún más abajo. Es cierto, también, que el desarrollo personal y social no puede calibrarse únicamente por el hecho de que se pase o no por las aulas universitarias. Lo que queda claro, sin embargo, es que la UNAM trabaja para muy pocos y que nuestras universidades son eminentemente elitistas. A ellas asisten quienes pueden darse el lujo de no trabajar o de trabajar sólo medio tiempo, pero también quienes tienen la capacidad intelectual y la salud —física y mental— que exige un programa de estudio.

Ya con título en mano, muchos egresados subrayan que lo consiguieron a base de enormes sacrificios de tiempo y dinero, y que sus familias padecieron con ellos el calvario. Es posible, pero 83 de cada 100 mexicanos ni siquiera tuvieron la oportunidad de considerar la posibilidad de lanzarse a esta aventura. Y, si lo consideraron, sus propias circunstancias les hicieron desistir más temprano que tarde.

Así las cosas, es urgente redefinir si lo que pretende la universidad mexicana es dotar de un certificado que confiera “superioridad intelectual” a un puñado de privilegiados o busca algo más. Y si definirlo es significativo para la universidad privada, resulta acuciante para la pública. “Gracias a las universidades públicas —aducen sus defensores— todo el país puede crecer en ámbitos como la ingeniería y el derecho, la contabilidad y la arquitectura, la filosofía y las artes”.
Quizá no les falte razón. Pero habrá que aterrizar estos propósitos, puesto que el Estado es el que financia la educación pública. Cuando uno se entera de que en Chiapas —una de las entidades federativas más pobres del país— la demanda es mayor para la carrera de derecho (lo que sobran ahí son abogados) que para la de agricultura (faltan agrónomos), ya no queda tan claro el fin y los subsidios a la universidad.

El propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado sus deseos de que todos los mexicanos tengan un título universitario y la Secretaría de Educación Pública ha anunciado que en 2024 los 4.7 millones de alumnos universitarios aumentarán a 5.5 millones. Esto, aclara el Diario Oficial del pasado 6 de julio, estará sujeto a la disponibilidad presupuestal.

Sea como fuere, habrá que repensar la universidad pública y precisar cuál será la base para subsidiar o becar alumnos. La meritocracia cada día parece más endeble como un camino para distribuir los escasos recursos en una sociedad: lo que se está premiando es la inteligencia, la capacidad de trabajo y la responsabilidad, factores que a menudo no dependen del alumno, sino de la lotería biológica y social.

 

Ángel M. Junquera Sepúlveda
Director

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