Bastaría echar un vistazo a algunos de los países con mejores resultados en el examen PISA para percatarnos de que los que encabezan la lista aplican evaluaciones a sus profesores.
En Asia, en particular en China, Singapur y Japón, las pruebas cuentan con los mismos criterios a nivel nacional y los resultados se entregan al gobierno central. En otros países, como Finlandia, la evaluación es más informal, pues la hace el director de la escuela, pero los maestros no dejan de ser calificados.
En México han transcurrido tres años desde que se aplicó la Evaluación de Desempeño Docente en México. Desde entonces, incontables voces han expresado su inconformidad. Algunas, de buena fe; otras, persiguiendo intereses particulares.
Las propuestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han sido las más estruendosas. Pese a ella y a los maestros que marcharon e hicieron plantones en un intento de detener la prueba, hubo una participación de 86.5% de los profesores a nivel nacional. En el siguiente año la cifra aumentó a 89% y su alcance sigue extendiéndose.
La medida, pues, no parece ser tan desafortunada: los maestros que están dispuestos a apostar su vida en la misión, los que están convencidos de la importancia que tienen en el desarrollo de México, han colaborado sin chistar.
Los líderes de la CNTE, sin embargo, no han quitado el dedo del renglón. Esteban Moctezuma, anunciado como próximo titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), aseguró que aquellos maestros que perdieron su plaza por negarse a realizar la evaluación serán reinstalados.
De igual manera, muchos integrantes tanto la Cámara Alta como de la Cámara Baja del Congreso de la Unión están de acuerdo en suspender la prueba docente. “De la reforma educativa no quedará ni una coma”, amenazó, prepotente, el diputado Mario Delgado.
Algunos profesores han anticipado que se negarán a realizar la valoración correspondiente al ciclo 2018-2019 y esperarán a que llegue Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Incluso, ha llegado a hablarse de la desaparición o, al menos, de una “transformación radical” del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Pese a todo, el porcentaje de maestros que se han negado a realizar la prueba es muy bajo: 13.5%, ¿Qué hay de la parte restante del magisterio que sí está de acuerdo con la evaluación? ¿Dónde quedan las personas que por voluntad realizan la prueba? ¿Qué sucede con aquellos que, al haber tenido un buen desempeño, han sido promovidos? Tiene razón Teresa Bracho, consejera presidenta del INEE, al sostener que la evaluación no sólo es una obligación sino también un derecho.
La evaluación es una parte de una reforma educativa que cambia diametralmente la manera de impartir clase. Estamos transitando de un modelo memorístico, que Andreas Schleicher, director de Educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), califica como decimonónico, a uno que hace énfasis en el pensamiento creativo y en la resolución de problemas. Tomando esto en cuenta, resulta de vital importancia que la prueba docente refuerce el cambio.
Ninguna evaluación es definitiva, de acuerdo, y los instrumentos a partir de los cuales se miden las habilidades de los profesores no son absolutos. Es por ello que los métodos de valoración también tienen que modificarse. Esto no implica eliminar de tajo la evaluación, sino adaptarla, paulatinamente, a las necesidades de México.
Resulta alentador, pues, que Andrés Manuel López Obrador esté marcando su distancia con la CNTE. Él es un hombre inteligente y sensible que, como lo ha dicho, espera pasar a la historia como un buen presidente. Esto podrá lograrlo si antepone el interés de nuestros niños a los de los líderes de la CNTE.
Ángel M. Junquera Sepúlveda
Director
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