En una sociedad fundada en el respeto a la justicia, los abogados juegan un papel esencial: buscar el respeto y el cumplimiento de la ley y promover la defensa de los derechos y las libertades. Ángel Martín Junquera Sepúlveda, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México —el colegio de profesionistas más antiguo de América—, explica en esta entrevista cuál es la contribución social de los colegios de profesionistas, en concreto, del que él preside.
Una de las profesiones más estudiadas en México es el Derecho. ¿A qué lo atribuye?
Efectivamente, en nuestro país hay un gran interés por estudiar Derecho. Prueba de ello es que existen más de 1,800 escuelas en las se imparte la carrera de Derecho, con aproximadamente 260,000 estudiantes.
Por un lado, estas cifras revelan que en México hay un interés por buscar que en nuestra sociedad impere la justicia, que quienes infrinjan la ley sean castigados y que los débiles o quienes ven atropellados sus derechos tengan voz. De hecho, ésas son algunas de las grandes motivaciones de los jóvenes que comienzan sus estudios de Derecho.
Desafortunadamente, esta preocupación por hacer justicia se produce como consecuencia de una muy extendida falta de cultura de la legalidad. En México vivimos con hartazgo y hastío por la inseguridad, la impunidad, la corrupción, la opacidad, la falta de probidad y los excesos de poder. La gran tragedia que hoy se cierne sobre nuestra querida nación es el pernicioso cáncer de la corrupción, acompañada de su inseparable compañía: la impunidad. Esta crisis de confianza que enfrentamos hoy se refleja en que nuestra sociedad ha dejado de creer y de confiar en sus instituciones, en sus autoridades, en sus leyes.
En este escenario, ¿qué papel desempeñan los colegios de abogados?
Los abogados tenemos la importantísima tarea de trabajar para que exista armonía social. Por eso, el objetivo fundamental de los colegios debe ser velar por el ejercicio ético y el desempeño de excelencia de sus agremiados, lo cual contribuye a la promoción de la cultura jurídica y a fomentar el acceso a la justicia.
La colegiación permite actuar con base en un estricto control ético entre pares y da certeza a quienes servimos, de que estarán bien representados, de que sus abogados cumplen con lo que la ley exige.
En el caso del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, más que una asociación de expertos en la ley, debemos ser un detonador para la modernización de México, un implacable guardián de la legalidad y un promotor de nuestro Estado Democrático de Derecho.
Esto implica fomentar la formación continua y certificarnos con un esquema que favorezca la pulcritud del ejercicio profesional.
¿Cómo surgió el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México?
El colegio se erigió en 1759 cuando distinguidos letrados del foro novohispano se reunieron para acordar la fundación del que luego fue el Ilustre y Real Colegio de Abogados de México, inspirado en corporaciones análogas existentes en el antiguo régimen, especialmente en el Colegio de Abogados de Madrid. Sus primeros estatutos recibieron la confirmación del rey Carlos III, mediante una real cédula fechada el 21 de junio de 1760.
Entre los propósitos originales del colegio estaba coordinar la ayuda mutua de sus miembros en temas de salud, económicos, educativos y profesionales. El Ilustre también se preocupó por la formación intelectual de los jóvenes aspirantes a la abogacía y en 1809 abrió las puertas de la Academia Pública de Jurisprudencia Teórico Práctica y Derecho Real Pragmático, que fue uno de los pilares de la educación jurídica del foro capitalino.
Una de las antiguas preocupaciones del colegio era el desempeño honorable de la abogacía por sus miembros. Por eso en 1891 se incluyó en la organización del colegio un Consejo de Disciplina que debía cuidar del decoro y la moderación en el ejercicio profesional, con facultades, inclusive, para expulsar a aquellos sujetos que habían resultado culpables de faltas a la ética profesional.
¿Cómo ha sobrevivido el colegio a los vaivenes políticos y a las injerencias del poder a lo largo de casi tres siglos?
El colegio es una asociación civil totalmente ajena a cualquier actividad política o religiosa, y a pesar de enormes dificultades políticas y económicas, de la incomprensión y el desinterés de muchos abogados, de la decadencia general del foro y de la ciencia jurídica, ha logrado mantenerse y sortear los abundantes peligros que lo han acometido a lo largo de 259 años.
Hoy mantiene la tradición bicentenaria de ser una casa abierta al estudio del Derecho y preocupada por la excelencia de la profesión, y es heredero de muchos de los más insignes juristas de nuestro país que han formado parte de él y que, incluso, lo dirigieron. Por mencionar algunos, Manuel de la Peña y Peña, José María Lafragua, José María Iglesias, Sebastián Lerdo de Tejada, Germán Fernández del Castillo, José Luis de la Peza y muchos otros abogados altamente reconocidos en el foro mexicano como hombres probos, éticos y grandes estudiosos del Derecho.
¿Cuáles han sido los grandes logros del colegio a lo largo de su historia?
Fomentar la conciencia gremial, propagar la ciencia del Derecho, ser artífice del Estado de Derecho e impulsar la ética de los abogados, de la mano de instituciones educativas de excelencia, facultades y escuelas de Derecho.
Hoy tenemos, por ejemplo, una estrecha relación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los tribunales superiores de justicia de todas las entidades federales y con los tribunales administrativos. Participamos no sólo como ponentes sino como coordinadores en la Law Society y The Bar Council. Representamos a nuestro colegio en los congresos mundiales de la Unión Internacional de Abogados y de la Barra de Abogados de París; participamos de la mano con la abogacía española, en los colegios de abogados de Barcelona, Madrid y Málaga. Además, presidimos el Capítulo México de la World Jurist Association; participamos en diversos foros en México y el extranjero; tenemos convenios de colaboración en materia de capacitación y educación continua con las mejores instituciones académicas del país —como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad La Salle, la Universidad Panamericana, la Universidad Anáhuac, la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, entre otras—; organizamos foros, seminarios y mesas de análisis; emitimos pronunciamientos y tenemos proyectos conjuntos con otros colegios de abogados como la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y la Barra Mexicana, con quienes integramos el Consejo General de la Abogacía Mexicana. Esta unión nos permite hoy, entre muchas otras cosas, trabajar hermanados y realizar un trabajo fructífero en favor de la legalidad
¿Qué objetivos persigue hoy en día el Ilustre?
Una abogacía unida es el motor del cambio social. Por eso, nuestro principal objetivo es trabajar para que prevalezca el Estado Democrático de Derecho. Tenemos un reto enorme: luchar a favor de la legalidad, entender las acciones de gobierno que están bien encauzadas, soportadas legalmente. Las que no lo están, serán combatidas por y con todos los medios legales; sólo así tendremos el país que queremos, un México sólido, de oportunidades que, con un pueblo nutrido, educado y trabajador, mejore su estándar social.
¿Qué retos advierte para el Derecho, en general, en el México del siglo XXI?
El Derecho es dinámico. Es una ciencia que naturalmente cambia para atender las necesidades sociales. En este contexto, el marco regulatorio de México se ha ido transformando ante las nuevas necesidades de la sociedad y los abogados debemos seguir preparándonos y capacitándonos para atender nuevos retos que vienen de la mano con el crecimiento acelerado del comercio electrónico, así como con la reforma en materia de telecomunicaciones y a la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. Todos estos aspectos que hace 10 años quizá veíamos irreales, ahora son materias preponderantes, por lo que muchas ramas del Derecho perderán importancia ante la sociedad.
Por otro lado, como abogados debemos fomentar que se cumpla con el Estado de Derecho y que el marco legal que nos rige sea el adecuado. Hoy, con la fuerza que tiene la sociedad civil, debemos pugnar por que exista una autonomía real de los poderes, que las instituciones autónomas realmente lo sean y que no se caiga en la ridícula y terrible desfachatez de no cumplir con lo que ordenan nuestra Constitución y nuestras leyes.
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