La BUAP frente al embate político

La BUAP frente al embate político

 

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) ha logrado afianzarse como una institución sólida, despertando admiración y respeto social en el estado, gracias a su compromiso educativo, más allá de las coyunturas políticas. Este artículo destaca los principales hitos de una de las instituciones públicas de educación superior más reconocidas en el país.

 

 

Las dos primeras décadas del siglo XXI han sido exitosas para el proyecto de consolidación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Desde entonces, y de manera consistente, la institución educativa ha estado inmersa en un proceso de transformaciones estructurales que la ubican entre las 10 mejores universidades del país, como se puede comprobar en los rankings publicados por El Economista el 7 de diciembre de 2019 o por El Universal en 2020. Junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Nuevo León, la BUAP forma parte de la Red de Macro Universidades de América Latina, por contar con más de 60,000 estudiantes.

En los últimos 20 años, la BUAP ha dado pasos seguros hacia la profesionalización de las actividades docentes y de investigación en su claustro, ha incrementado la matrícula de manera importante, ha mejorado y ampliado su infraestructura y se constituyó en una universidad de alcance regional al ampliar sus sedes y sus campos a lo largo y ancho de Puebla. Según los últimos datos, la BUAP cuenta con una matrícula superior a los 100,000 estudiantes. Si tomamos en cuenta las actividades que realiza la BUAP en materia de extensión y difusión de la cultura, de promoción deportiva y de atención médica de calidad en el Hospital Universitario para los derechohabientes y para la sociedad en general, no resultaría exagerado señalar que, de manera directa o indirecta, esa institución influye positivamente en la vida de más de millón y medio de personas.

Para los habitantes de Puebla, la BUAP es un referente académico, científico, artístico, deportivo, cultural y de salud. Miles de jóvenes aspiran a entrar a sus preparatorias o a estudiar en ella alguna licenciatura. Lo mismo ocurre con los posgrados, de los cuales 52 maestrías y 25 doctorados son reconocidos como programas de calidad por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Incluso, se ha convertido en una ventana hacia el mundo para miles de universitarios, poblanos o no, gracias a sus procesos de internacionalización.

Todo esto se ha logrado más allá de las coyunturas políticas y de los intereses partidarios. Desde el año 2000, e incluso antes, la BUAP ha sido persistente en su labor académica sin importar los cambios en el gobierno del estado. Ha logrado convivir exitosamente con gobiernos emanados del PRI y del PAN, como lo hace ahora con un gobierno emanado del Morena, que no se ha percatado, todavía, de la relevancia que tiene la BUAP por encima de los intereses de corto plazo de los actores políticos.

¿Qué hace posible el hecho de que la BUAP trascienda gobiernos y coyunturas políticas? La respuesta es que el proyecto de la universidad no es político ni responde a coyunturas políticas. Se trata de un proyecto que se ha venido construyendo con la participación de una población universitaria mucho más sólida y con un alto grado de identidad institucional. Además, los pasos positivos que han dado las diferentes gestiones de la BUAP no se han desmantelado de un rectorado a otro. Por el contrario, se han convertido en parte de un andamiaje institucional que privilegia cada vez más el mérito, el trabajo, la innovación y el liderazgo.

En efecto, la transformación administrativa y de la vida democrática y colegiada se puede rastrear desde 1999 con la reforma al Estatuto Orgánico de la BUAP durante el rectorado de Enrique Dóger Guerrero (1997-2005). Luego, la ampliación de la infraestructura universitaria viviría su esplendor durante el rectorado de Enrique Agüera Ibáñez (2005-2013), periodo en el cual se levantó el Complejo Cultural Universitario. Sobre esos importantes escalones, la rectoría de José Alfonso Esparza Ortiz ha contribuido, desde 2013, a consolidar los cimientos de la institución.

En el ámbito de la vida administrativa de la universidad, uno de los logros más relevantes de los últimos años fueron los concursos abiertos para obtener plazas académicas, lograr transformaciones en las categorías y alcanzar la definitividad en las plazas del personal docente y administrativo de la BUAP. Esto fue posible gracias a la aprobación en 2007 del Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promisión del Personal Académico de la BUAP y a sus modificaciones votadas por el Consejo Universitario en 2015. Esa reforma rompió con viejas y caducas prácticas que privilegiaban otros criterios, personales, de amistad o de interés, a la hora de obtener alguna plaza, alguna transformación de plaza o la definitividad. Con esto, docentes y administrativos empezaron a transitar hacia un modelo meritocrático que valoraba su trabajo y sus aportaciones a la vida universitaria, por encima de decisiones discrecionales.

A la par del rediseño administrativo, durante esta última gestión, la BUAP se ha visto beneficiada por una política integral de reclutamiento de jóvenes docentes e investigadores, con títulos de posgrado nacionales e internacionales, que fueron engrosando los claustros de escuelas, facultades e institutos que componen la universidad. También la rectoría de Alfonso Esparza concentró sus esfuerzos por recabar más fondos destinados a la investigación. En 2014, como se indica en el Informe de Actividades 2014, la BUAP se benefició en ese rubro con “una inversión superior a 92 millones de pesos por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 112 millones de pesos por parte de la Institución”.

Al ampliar la planta docente, con el crecimiento de la infraestructura, la BUAP abrió automáticamente la posibilidad de incrementar la matrícula de manera relevante, con un impacto directo a la sociedad de Puebla. Más docentes, más aulas y más laboratorios equivalen a más estudiantes beneficiados por el modelo de educación pública de la BUAP. Desde 2012 la matrícula se ha incrementado en la universidad 45 por ciento.

El contexto que enfrenta la BUAP en estos dos últimos años es tan complicado como lo ha sido para otras instituciones de educación superior en el país. Por un lado, debido a los reajustes o a los recortes presupuestales realizados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y por el otro, debido a los “estilos personales” de gobernar de varios actores políticos en el país, a los que les gustaría recrear la concentración del poder y el debilitamiento de la autonomía en muchas instituciones.

En el último caso, la BUAP ha enfrentado una serie de señalamientos y de acciones por parte del gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, que hablan de una relación áspera por parte del mandatario respecto de la institución. Eso, a pesar de las promesas que hiciera como candidato ante la comunidad universitaria y en dos sesiones distintas frente al Consejo Universitario de la BUAP. Habrá que recordar que Barbosa fue dos veces candidato a la gubernatura. Primero, en junio de 2018 y después del accidente y la muerte de la gobernadora Martha Erika, en la elección extraordinaria de 2019. En su primera visita a la BUAP, el 14 de junio de 2018, se comprometió a apoyar la construcción de campus universitarios en las 13 regiones del estado. En su segunda visita, el 15 de mayo de 2019, prometió que a la universidad nunca le faltarían recursos.

Sin embargo, una vez instalado en el gobierno del estado comenzaría una serie de fricciones con la institución que han llegado a convertirse en señalamientos directos en contra del rector Esparza. La primera embestida pretendía realizar a la BUAP una “auditoría preventiva” en diciembre de 2019. La estrategia gubernamental estuvo mal planteada en términos legales y en enero de 2020 tuvo que suspender la auditoría preventiva. El gobierno de Puebla intentó culpar a la BUAP por la suspensión de la auditoría, argumentando que la institución se había negado a entregar información. En realidad, la Auditoría Superior del estado trató de usurpar funciones de la Auditoría Superior de la Federación y en su intempestiva estrategia violentó normas fundamentales de procedimiento, lo que la obligó a echarse para atrás.

En el caso de la transparencia y la rendición de cuentas, la BUAP ha consolidado procesos eficientes y proporciona información de acceso público. Por esta razón, desde enero de 2020, la BUAP publicó en su página principal todas las auditorías a las que ha sido sujeta (http://auditorias.buap.mx/), junto con las ligas que permitirían verificar a cualquier ciudadano la integración y el resultado de las mismas. Ahí se indican las 28 auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación desde 2013, las ocho realizadas por la Auditoría Superior de Puebla, también desde 2013, y la realizada por la Secretaría de la Función Pública en 2014. Sobra decir que, al hacer pública esa evidencia, la estrategia de la auditoría preventiva del gobierno estatal quedó desacreditada.

Una vez superada esa auditoría, la BUAP entraría en una nueva y dolorosa dinámica. El 23 de febrero tres estudiantes de medicina y un chofer de Uber fueron asesinados en las inmediaciones de Huejotzingo. El hecho despertó la indignación ciudadana por la falta de seguridad en la entidad poblana. Y, de manera relevante, los estudiantes de todas las universidades convocaron a una manifestación masiva el 6 de marzo que se convirtió en noticia nacional por movilizar a más de 100,000 personas.

Pero antes los estudiantes de la BUAP habían levantado un paro indefinido de actividades en protesta por los asesinatos y en reclamo por temas de discriminación, hostigamiento y acoso en el seno de la universidad. Ese fue un terreno propicio para que, a decir de muchos alumnos paristas y docentes, grupos ajenos a la BUAP intentaran sacar provecho político al paro. La actuación de las autoridades universitarias, siempre abiertas al diálogo, propició que en diversas mesas de negociación con los alumnos se pudiera levantar el paro en los distintos planteles de la institución. El compromiso adquirido de resolver los reclamos estudiantiles ya es una tarea primordial de la BUAP reconocida por la comunidad en su totalidad. Si alguien pretendía objetivos políticos, la resolución dialogada del paro desmanteló esos intereses.

Los dos últimos episodios ríspidos entre la BUAP y el gobierno del estado tuvieron que ver con la promulgación de la Ley de Educación de Puebla y, recientemente, con la campaña política hacia las elecciones de 2021. En el primer caso, independientemente de la armonización correcta o no de la ley estatal con la federal, los reclamos en Puebla se debieron a que el gobierno nunca consultó a las escuelas ni a las universidades, ni creó mesas de análisis y diálogo con los actores educativos y políticos del estado para lograr una ley integral. La BUAP había sido sede del Foro de Consulta de la Región Centro-Sur sobre la Legislación Secundaria en Materia Educativa, que organizaron la SEP y la ANUIES en mayo de 2019. Se esperaría que, al igual en el caso de la ley federal, el gobierno estatal hubiera cumplido esa obligación moral de convocar a una discusión ciudadana a la hora de reformar una ley estatal. No lo hizo y, entre otras razones, ahora esa ley se encuentra inmersa en demandas de amparo.

En el segundo episodio, el gobernador ha acusado que hay una oposición liderada por rectores universitarios que quieren propiciar un cambio político en 2021. El gobernador cuestiona esto como si fuera un acto de sabotaje o una traición. Olvida, convenientemente, que él mismo defendió esos comportamientos durante sus años como opositor político y que una democracia exige que las sociedades conozcan diferentes propuestas políticas y que voten por alguna de ellas en el marco de la competencia electoral.

Como se puede observar, el escenario político que vive la BUAP en la actualidad responde a una coyuntura que ha dificultado las relaciones entre el gobierno del estado y la universidad. Sin embargo, esto no es nuevo en la historia de la institución y, como ha ocurrido antes, la comunidad universitaria sabrá sobrellevar las dificultades, así se trate de una relación ríspida con el gobierno estatal o una pandemia como la que estamos experimentando. Y esto será posible gracias a que la BUAP goza de un gran prestigio ante la sociedad. Una prueba de ello es que para el ingreso 2020 la BUAP ha recibido más de 90,000 solicitudes formales de aspirantes a las licenciaturas que ofrece. Cualquier actor político sensato entenderá que la BUAP no es un problema en Puebla, sino una institución consolidada, motivo de admiración y respeto social, que gracias a su compromiso educativo permanecerá siendo vigente más allá de las coyunturas políticas.

 


 

* Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP.

 

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